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Asistencia sanitaria transfronteriza en el seno de la Unión Europea

A fondo

Nota

El próximo 25 de octubre expira el plazo para incorporar a la legislación nacional la Directiva europea que regula los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza dentro del ámbito de la Unión Europea.



Como parte de los compromisos de garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y de mejorar la libre circulación de mercancías, personas y servicios dentro de su territorio, la Unión Europea aprobó la Directiva 2011/24/UE, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, que regula el reembolso de los gastos ocasionados al recibir tratamiento en otro Estado miembro y establece el marco para el desarrollo de la receta electrónica en la UE.

Asistencia sanitaria transfronteriza en el seno de la Unión Europea
Esta Directiva, que entró en vigor a finales de abril de 2011, permitirá que los pacientes que se desplacen a otro Estado miembro de la UE en busca de tratamiento reciban el mismo trato que los ciudadanos del país que los acoja. Del mismo modo, permitirá a las autoridades sanitarias nacionales colaborar de modo más estrecho e intercambiar información sobre estándares sanitarios en materia de calidad y de seguridad, y será de ayuda para los pacientes que requieran atención especializada, como, por ejemplo, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad rara.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad trabaja actualmente en un Real Decreto que deberá aprobar antes del próximo 25 de octubre de 2013, fecha en la que expira el plazo para incorporar esta Directiva europea a la legislación nacional.


Bases de la atención sanitaria transfronteriza en la Unión Europea

Los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a recibir las coberturas sanitarias contempladas en su país de afiliación en otro Estado miembro, siempre que la asistencia sanitaria prestada formen parte del sistema de seguridad social o de sanidad pública de dicho Estado miembro. Se excluye así la sanidad privada.

Por otro lado, cada Estado miembro es libre de establecer las coberturas de su propio Sistema Público de Salud. La obligación de reembolsar los costes de la asistencia sanitaria transfronteriza estará en consonancia con dicha cartera de servicios, limitándose a la asistencia sanitaria a la cual el asegurado tenga derecho de conformidad con la legislación del Estado miembro de afiliación. Esta medida disipa muchas dudas sobre el denominado "turismo sanitario", ya que un ciudadano de un país de la Unión Europea no podrá desplazarse a otro para recibir gratuitamente una prestación no contemplada en las coberturas de su país de afiliación. Además, permite a las distintas naciones establecer el nivel de cobertura para sus ciudadanos sin influir en las cuentas del resto de miembros de la Unión.

El rembolso de los gastos sanitarios abarca también la prescripción, dispensación y provisión de medicamentos en el contexto de un servicio sanitario, que puede darse incluso en un país distinto al de afiliación del paciente y al de expedición de la receta. La Directiva establece el derecho del paciente a recibir cualquier medicamento cuya comercialización se haya autorizado en el Estado miembro del tratamiento, aun en el caso de que la comercialización del medicamento no esté autorizada en el Estado miembro de afiliación, cuando se considere éste indispensable para la eficacia del tratamiento prestado en otro Estado miembro. Sin embargo, el Estado miembro de afiliación no estará obligado a reembolsar a un asegurado los medicamentos recetados en el Estado miembro de tratamiento que no figuren entre las prestaciones a dicho asegurado establecidas por el sistema de seguridad social o sistema nacional de sanidad obligatorio del Estado miembro de afiliación.

Asistencia sanitaria transfronteriza en el seno de la Unión Europea
Otro aspecto interesante de este texto legal es que, aunque cada Estado miembro de afiliación debe dar a los pacientes el derecho a recibir en otro Estado miembro como mínimo las mismas prestaciones que se prevén en la legislación del Estado miembro de afiliación, son libres, por ejemplo, de reembolsar los costes adicionales, como los gastos de alojamiento y de viaje o los costes adicionales incurridos por las personas con discapacidad, incluso cuando dichos costes no sean reembolsados en el caso de la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio.

Los ciudadanos de la Unión pueden necesitar una autorización previa de su país de afiliación si la legislación nacional así lo establece. De todos modos, cuando el paciente tenga derecho a asistencia sanitaria y esta última no pueda prestarse en un plazo justificable desde el punto de vista médico, el Estado miembro de afiliación está obligado a conceder dicha autorización previa. La autorización puede denegarse cuando exista un grado razonable de certeza de que el paciente vaya a exponerse a un riesgo que no pueda considerarse aceptable, cuando exista un grado razonable de certeza de que la población en general pueda quedar expuesta a un riesgo sustancial como consecuencia de la asistencia sanitaria transfronteriza considerada, cuando dicha asistencia sanitaria sea proporcionada por un prestador de asistencia sanitaria que suscite motivos graves y específicos de inquietud respecto a las normas y directrices relativas a la calidad y a la seguridad del paciente, o cuando la atención sanitaria pueda prestarse en su territorio en un plazo que sea médicamente justificable, teniendo en cuenta el estado de salud de cada paciente y la posible evolución de su enfermedad. La Directiva establece, no obstante, que el Estado miembro de afiliación no puede supeditar el reembolso de gastos de asistencia sanitaria transfronteriza a esta autorización previa.

Los países de la Unión están obligados a establecer "Puntos Centrales de Contacto" para aportar información a los ciudadanos europeos, en las lenguas oficiales del propio Estado, sobre las normas y directrices que regulan la calidad y seguridad de la asistencia sanitaria en dicho país, así como las condiciones de reembolso de los gastos y los procedimientos para acceder a dichos derechos, así como para reclamar y pedir reparación cuando el paciente considere que no se han respetado sus derechos. Además, de forma complementaria, los prestadores de asistencia sanitaria deberán facilitar información oportuna para ayudar a cada paciente a elegir con pleno conocimiento de causa, especialmente en lo que se refiere a las opciones de tratamiento, sobre la disponibilidad, la calidad y la seguridad de la asistencia que prestan en el Estado miembro de tratamiento y que faciliten igualmente facturas claras e información clara sobre precios, así como información sobre su situación respecto del registro o la autorización pertinente, la cobertura de su seguro u otros medios de protección personal o colectiva en relación con su responsabilidad profesional.


Exclusiones

Asistencia sanitaria transfronteriza en el seno de la Unión Europea
Esta Directiva no se aplicará en los siguientes casos:

  • Cuidados de larga duración prestados por servicios de atención a domicilio, en residencias asistidas o en otros servicios de atención asistida.
  • El acceso a órganos y su asignación para realizar un trasplante.
  • Los programas de vacunación pública, con excepción del capítulo IV, contra las enfermedades infecciosas, que tengan por finalidad exclusiva la protección de la salud de la población en el territorio de un Estado miembro y que estén sujetas a medidas específicas de planificación y ejecución.
  • Las normas de los Estados miembros relativas a la venta de medicamentos y productos sanitarios en internet.
  • Tampoco afecta a los casos regulados por los Reglamentos de Seguridad Social.


Problemas que se plantean

Competencia entre los estados de la Unión
Para conseguir los objetivos de esta Directiva es necesario alcanzar un nivel de calidad en la atención sanitaria similar en todos los países de la Unión Europea. De no ser así, los países más avanzados podrán ver incrementada su demanda de servicios sanitarios públicos. Esto no solo puede desbordar sus infraestructuras, perjudicando a sus propios ciudadanos, sino que supondrá unos costes que tendrán que reembolsar los países de origen de los pacientes atendidos, seguramente superiores a los que costaría la prestación del servicio en su propio territorio. Para estos casos excepcionales, la Directiva permite a los Estados miembros denegar la atención sanitaria transfronteriza para tratamientos planificados alegando razones de salud pública.

Abandono del Sistema Público de Salud propio
Por otro lado, algunos países pueden caer en la tentación de desmontar sus propios sistemas sanitarios alentando a sus ciudadanos a recibir asistencia en los países vecinos de la Unión. En este sentido, la Directiva europea deja claro que los Estados miembros seguirán siendo responsables de proporcionar a los ciudadanos en su territorio una asistencia sanitaria segura, de alta calidad, eficaz y suficiente desde un punto de vista cuantitativo. Además, indica que deben hacerse esfuerzos sistemáticos y continuos para asegurar que se mejoren los estándares de calidad y de seguridad teniendo en cuenta los progresos de la ciencia médica internacional y las buenas prácticas médicas generalmente reconocidas, así como las nuevas tecnologías de la salud.

Procedimiento de reembolso de los costes de la asistencia sanitaria transfronteriza
La Directiva, aunque anima a ello, no obliga a los Estados miembros a aplicar mecanismos de compensación financiera entre las instituciones competentes, pudiendo darse el caso de que el paciente tenga que soportar los costes de su atención sanitaria transfronteriza hasta que su Estado de afiliación se los reembolse. En su lugar insta a los países que no apliquen tales mecanismos a velar por que los pacientes reciban el reembolso sin demoras indebidas. Conociendo el funcionamiento de las Administraciones Públicas y sin una definición en el texto legal del concepto "sin demoras indebidas", esto puede suponer una barrera infranqueable para muchas familias sin acceso a financiación.

Daños ocasionados por la asistencia sanitaria recibida en el extranjero
La Directiva en cuestión establece la obligatoriedad de que los Estados miembros instauren procedimientos y mecanismos transparentes de presentación de reclamaciones para que los pacientes puedan pedir reparación, de acuerdo con la legislación del Estado miembro de tratamiento, cuando sufran daños de resultas de la asistencia sanitaria recibida. Además, sus profesionales deben disponer de seguro de responsabilidad profesional o garantías similares.

Protección de datos de carácter personal
El hecho de que la atención sanitaria transfronteriza precise de la transferencia de datos sensibles del paciente entre organismos de distintos países no puede ir en detrimento de la protección de datos de carácter personal, recogida en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.


Conclusiones

Aunque la Directiva 2011/24/UE tiene buenas intenciones respecto a la "protección de la salud humana", el texto parece estar más enfocado a la "mejora de la libre circulación de mercancías, personas y servicios" dentro de la Unión Europea. De hecho, la mayoría de los recursos interpuestos ante el Tribunal de Luxemburgo por ciudadanos europeos en materia de asistencia sanitaria transfronteriza han basado sus reclamaciones en estos términos, que desgraciadamente tienen más peso en la UE que la propia "protección de la salud humana".

Hay varios signos de que la Directiva se compromete poco con los ciudadanos europeos, como que no establezca unos estándares mínimos de calidad en la asistencia sanitaria en su territorio, ni exija a los Estados miembros la aplicación de mecanismos de compensación económica entre los organismos competentes en materia de Salud Pública. El texto legal se limita a una declaración de intenciones y unas recomendaciones, dejando en manos de los Estados asuntos tan relevantes como el establecimiento de la cartera de servicios, la exigencia de autorizaciones previas, los costes a reembolsar y la modalidad de dicho reembolso, así como el número de Puntos Centrales de Contacto.

Como cabía esperar, el Real Decreto que prepara nuestro país se limita a cumplir las exigencias mínimas para incorporar la Directiva a la legislación nacional. Por un lado, exige que los pacientes afiliados en España adelanten los costes de la atención sanitaria recibida en otros países de la Unión, despreocupándose de establecer los mecanismos de compensación entre Estados contemplados en la Directiva. Sin lugar a dudas, esto supondrá un impedimento para las familias sin recursos. De igual modo, hace caso omiso de la libertad que otorga la Directiva para que los Estados de afiliación se hagan cargo de gastos asociados a las intervenciones en el extranjero, como los desplazamientos y pernoctaciones, ni siquiera en casos de bajo nivel de rentas o discapacidad.

Aunque esta Directiva supone un paso adelante, dista mucho de la creación de un espacio sanitario común europeo y fomenta la división entre ciudadanos de primera y de segunda dentro de la Unión, en función de sus nacionalidades y sus recursos económicos.



Bibliografía


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