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Patrimonio Protegido de personas con discapacidad

A fondo

Nota

Muchas personas con discapacidad, ya sea mental o física, sobreviven gracias a sus padres, tutores o cuidadores. Para muchos de estos responsables, su futuro constituye una incertidumbre pese a los avances sociales, especialmente cuando la persona a su cargo no puede adoptar decisiones por sí sola o se ve impedida. La puesta a disposición de las personas con discapacidad de unos ingresos propios o de un patrimonio que les permitan hacer frente a sus necesidades son para ellos un objetivo primordial.



Qué es el Patrimonio Protegido

Patrimonio Protegido de personas con discapacidad
El 18 de noviembre del 2003, el Año Internacional de la Discapacidad, se promulga la Ley 41/2003 de protección patrimonial de personas con discapacidad (LPPD), dónde nos encontramos con la figura de los Patrimonios Protegidos. Este Patrimonio Protegido se define como un instrumento jurídico que consiste en constituir un conjunto de bienes y derechos a favor del discapacitado, cuyo destino expreso es la satisfacción de sus necesidades vitales (necesidades que siguen teniendo problemas para concretarse).

Estos bienes pueden ser muy variados, como dinero o depósitos en cuentas corrientes, seguros, rentas vitalicias, fincas urbanas o rústicas, títulos, acciones, deuda pública, obligaciones, etc. Este patrimonio protegido puede coexistir con el patrimonio personal del discapacitado, sin fundirse ni confundirse con éste.


Beneficiarios de un Patrimonio Protegido

Tendrán esta consideración, exclusivamente, las personas afectadas por los siguientes grados de discapacidad:

  • Las afectadas por una discapacidad psíquica igual o superior al 33%
  • Las afectadas por una discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%

La Ley ha optado por un concepto de discapacidad basado en la objetivación de padecimientos, enfermedades o deficiencias sin que sea necesario que ello provoque como consecuencia la imposibilidad del sujeto de gobernarse a sí mismo, por lo que se dará el caso en el que el propio beneficiario en muchas ocasiones, pueda constituir o incluso administrar el patrimonio protegido al no estar incapacitado para ello.


Constitución y adminitración de un Patrimonio Protegido

La constitución del Patrimonio Protegido se efectúa en escritura pública ante Notario por la persona o personas que la proponen. En la escritura se identifica al beneficiario, los bienes que inicialmente se aportan, y se establecen las reglas que deben aplicarse para su administración, indicando quiénes desempeñarán la administración en el caso de que no pueda ser efectuada por la propia persona con discapacidad.

Lo puede constituir el propio discapacitado (si tiene capacidad de obrar suficiente) o sus padres, tutores, curadores o cuidadores de hecho.

Hay que tener en cuenta que, si se aportan bienes inmuebles, ha de anotarse en el Registro de la Propiedad su condición de integrantes de un Patrimonio Protegido.

En cuanto a su administración, si tiene capacidad de obrar suficiente, puede encargarse el propio discapacitado. En su defecto, la administración correspondería al administrador que se nombre en el acta de constitución. El administrador del Patrimonio Protegido puede estar sujeto a una serie de controles establecidos en la constitución, y en todo caso, la Fiscalía es la responsable última.

Cualquier persona con interés legítimo podrá aportar bienes o derechos al Patrimonio Protegido ya constituido. Dichas aportaciones deberán realizarse siempre a título gratuito y no podrán condicionarse en el tiempo.
Patrimonio Protegido de personas con discapacidad

Régimen fiscal de los Patrimonios Protegidos

A fin de facilitar la constitución de dichos Patrimonios Protegidos a favor de personas con discapacidad, se estableció un régimen fiscal específico que, en resumen, consiste en las siguientes ventajas para los beneficiarios:

  • Cuando los aportantes sean personas físicas, las aportaciones tendrán la consideración para el beneficiario de Rendimientos del Trabajo, hasta un importe máximo de 8.000 euros anuales por cada aportante y 24.250 euros anuales en conjunto, quedando exentas de IRPF las cantidades que no superen el doble del SMI (Salario Mínimo Interprofesional).
  • Los importes que superen esos 8.000/24.250 euros, tributarán como Donaciones.
  • Cuando los aportantes sean sociedades que contribuyen a favor de discapacitados familiares de sus empleados, los importes se considerarán siempre Rendimientos del Trabajo, sujetos a IRPF.

Por otra parte, los aportantes pueden aplicar una reducción en la base imponible de su Impuesto sobre la Renta, con unos límites económicos y bajo determinados requisitos:

  • Los parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, el cónyuge o el tutor tienen una reducción en la base imponible del IRPF de hasta 8.000 euros anuales. Entre todos, tienen un límite de 24.500 euros.
  • Las sociedades pueden deducirse un 10% de lo aportado en el Impuesto de Sociedades.

Patrimonio Protegido de personas con discapacidad
Debemos tener muy en cuenta que, en el apartado 5 del artículo 54 de la Ley del IRPF, se establece que se perderían los beneficios fiscales aplicables, con la consiguiente regularización tributaria, en caso de que se produzca "la disposición de cualquier bien o derecho aportado al patrimonio protegido de la persona con discapacidad efectuada en el período impositivo en que se realiza la aportación o en los cuatro siguientes". Es decir, que la persona discapacitada no podría disponer de estos bienes, con sus consecuentes beneficios fiscales, hasta cuatro años después de haberse efectuado la aportación.

Pero también se establece que no se considera disposición "el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria". Ahora bien, esta falta de efectos fiscales queda condicionada a que efectivamente se constituya y mantenga durante el tiempo señalado el citado Patrimonio Protegido.

Esto plantea ciertas dudas legislativas y puede causar confusión, por lo que los profesionales en este campo aseguran que lo mejor y lo más recomendable es esperar el tramo temporal de cuatro años para la total y segura disposición del Patrimonio Protegido.


Extinción del Patrimonio Protegido

La extinción del Patrimonio Protegido puede darse por las siguientes causas:

  • Por la muerte o declaración de fallecimiento de su titular. En este caso, los bienes y derechos que conforman el Patrimonio Protegido se incluirán en la herencia del discapacitado, salvo si se tratara de aportaciones realizadas con un destino o finalidad específica contradictoria con su inclusión en el caudal hereditario.
  • Por que su titular y beneficiario deje de reunir la condición de persona con discapacidad, en cuyo caso será necesaria, o una resolución administrativa que rebaje los grados de minusvalía psíquica, física o sensorial o una resolución judicial. En este caso, la norma contempla la posibilidad de que los aportantes puedan recuperar sus bienes, o la parte proporcional de éstos no dispuesta.


Conclusiones

La conveniencia económica de constituir un Patrimonio Protegido requiere un análisis fiscal y patrimonial previo muy exhaustivo para que su aplicación sea beneficiosa. Dependiendo de la comunidad autónoma en la que se aplique la ley, puede resultar beneficiosa o perjudicial, pudiéndose dar el caso de que la tributación por IRPF de la persona discapacitada supere las desgravaciones fiscales de los donantes. En tal caso, podría ser más interesante recurrir a Donaciones, especialmente en aquellas CC.AA. donde no se tributa por este concepto (no es el caso de Andalucía, una de las comunidades donde más se tributa por Donaciones y Sucesiones).

Para asegurarnos cuál es nuestra mejor opción y realizarla correctamente, sería importante recurrir a algún asesor o profesional de confianza que nos dirija y aconseje el mejor camino para el futuro de la persona discapacitada. No obstante, la Comisión asesora al Ministerio Fiscal en las funciones de supervisión de la administración del Patrimonio Protegido, efectúa estudios, propone iniciativas a la Administración y resuelve consultas sobre normas que incidan en la aplicación de esta Ley de Protección Patrimonial


Julia Carmona Serna
Periodista




Bibliografía


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